Obtener información oficial, acceder a archivos públicos o recabar datos de la Administración es, más que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en España no existe ninguna ley que garantice la transparencia.

Con una ley de libre acceso a la información, similar a la que disfrutan al menos 78 países en todo el mundo, se acabaría esta secular opacidad.