Dos importantes noticias en el ámbito de la digitalización se han producido recientemente: la primera es la aprobación en junio en el Consejo de Ministros del «Plan de digitalización y consulta en red de los fondos documentales de los archivos nacionales». El Plan se propone:
satisfacer las demandas del acceso de los ciudadanos a los archivos estatales superando las barreras tradicionales (horarios, desplazamientos y dispersión de la información); potenciar un espacio europeo e internacional; contribuir activamente a la oferta de contenidos cualificados para el desarrollo de futuras industrias culturales y de contenidos en la Red, y preservar y custodiar los documentos originales [subrayado nuestro].
Entre las medidas que se prevén están las siguientes:
Programa General de Digitalización para el aumento de las bases de datos digitales. En el año 2008 esta programada la digitalización de unos cuarenta millones de imágenes. Dado que los once archivos estatales del Ministerio de Cultura albergan 260 km de documentación, la digitalización completa supondría cuatro billones de imágenes.
Programa Intensivo de Descripción de las imágenes digitalizadas obtenidas en el programa anterior. En el año 2008 esta previsto incrementar un millón de registros informatizándose inventarios, catálogos e índices.
Difusión del Portal de Archivos Españoles (PARES) e implantación de esta tecnología en los Archivos Iberoamericanos y otros españoles fuera del sistema estatal. De este modo, se maximiza la contribución a la difusión web de los fondos archivísticos, permitiendo el acceso libre y gratuito de los mismos a todos los ciudadanos.
Por otra parte, la Biblioteca Nacional ha firmado un acuerdo con Telefónica
de colaboración para la digitalización de los fondos de la Biblioteca Nacional. Enmarcado dentro del proyecto común europeo The European Library (TEL), el acuerdo permitirá la digitalización, durante el periodo 2008-2012, de las obras más importantes de la Biblioteca Nacional: 15.000 manuscritos, 40.000 libros impresos de los siglos XVIII y XIX, 120.000 dibujos, grabados y fotografías y los principales periódicos españoles e iberoamericanos que conserva.
Con este proyecto se quiere constituir una colección digital propia de unas 200.000 obras, lo que supondría colgar de la red más de 25 millones de páginas en los próximos cuatro años. Se trata del plan más ambicioso de digitalización de fondos emprendido hasta ahora por la Biblioteca Nacional, que tiene por objeto tanto la difusión como la preservación de su enorme patrimonio bibliográfico.
Este nuevo partenariado estratégico de la Biblioteca Nacional con Telefónica contemplará también una estrecha colaboración de ambas entidades en temas relacionados con la promoción de contenidos culturales en el ámbito de la educación y las nuevas tecnologías [subrayado mío].
Bienvenidas sean todas estas iniciativas, que efectivamente pondrán una gran cantidad de fondos a disposición del público. Estas medidas se complementan con las que contempla la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, y parecen abrir una nueva era para el reaprovechamiento de las obras producidas con dinero público o custodiadas en instituciones públicas.
Pero las digitalizaciones que están llevando a cabo las instituciones españoles adolecen de dos problemas fundamentales:
1) No está nunca claro el estatuto de las reproducciones digitales. Esto se ve en el uso abusivo del (c) de la Biblioteca Nacional en las digitalizaciones de fondos en el dominio público, y en la falta absoluta de cualquier licencia que explique qué se puede hacer con las obras, entre otros para usos educativos.
2) Tampoco está nunca clara la postura oficial sobre la reutilización de los fondos digitalizados, de cara no sólo al «desarrollo de futuras industrias culturales y de contenidos en la Red» (como dice el Plan de Digitalización), sino también para la existente industria editorial. Las barreras artificiales para que un editor, en Red o en papel, aproveche las digitalizaciones para crear productos (y de paso difundir nuestra cultura) son, de facto, muy grandes.
He tratado este último tema en un artículo de hace un año, que ahora republico, con cambios, en esta web: La traición bien acertada. La digitalización pública de obras sin derechos. Mi postura es que se debería liberar del todo y explicitamente la utilización de los fondos sin derechos digitalizados para su uso por parte de las industrias de la cultura.
Hoy por hoy, los únicos usos que se permiten de los materiales en el dominio público digitalizados con fondos publicos son (como reza el Aviso legal de la Biblioteca Nacional):
visualizar, imprimir, copiar o almacenar cualquier contenido, siempre que ello se efectúe para fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial, de distribución o difusión en línea y sin modificar ni alterar los antedichos contenidos.
Eso desde luego veta la «promoción de contenidos culturales en el ámbito de la educación» (salvo los que autorice la institución) y exige que «el desarrollo de futuras industrias culturales y de contenidos en la Red» pase también por la petición de permisos y el pago de tasas a las instituciones digitalizadoras… Esto significa en la práctica barreras administrativas, tiempo invertido, aumento de burocracias y la atribución a la institución que custodia los fondos de un poder de decisión, sobre qué ediciones permitir o no, a todas luces injustificable.
¿Será el anunciado «Centro de Difusión y Reproducción, una unidad coordinadora de todas las actuaciones, dependiente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas» el lugar desde donde el Estado racionalice de una vez por todas esta penosa situación? ¿O será otra oportunidad perdida?
Mientras la situación actual se perpetúe, todas las declaraciones pro desarrollo de industrias culturales y la promoción de contenidos culturales en la educación serán mero ruido propagandístico sin correlato real.
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